INFORME SOBRE LA SALUD MENTAL EN ESPAÑA. Entregado a la Sra. Ministra de Sanidad, con ocasión de la entrevista con una  representación de la Junta Directiva de la A.E.N. Madrid, 29 de enero de 2001

1)  La atención a la salud mental:

La reforma psiquiátrica en España se inició formalmente a raíz de la promulgación en 1986 de la Ley General de Sanidad, que reconoció la asistencia psiquiátrica como una prestación más del Sistema Sanitario y que marcaba las líneas generales para su adecuada inclusión en el mismo. Se proporcionó así un marco legislativo que permitiría el desarrollo de las recomendaciones formuladas poco tiempo antes (en 1985), en el informe de la Comisión Ministerial para la Reforma Psiquiátrica. A día de hoy, transcurridos 15 años, reconocemos que se han producido avances importantes, pero también importantes insuficiencias en la extensión y calidad de los servicios de salud mental, aún en franca inferioridad con el desarrollo y calidad del resto de servicios de salud, y con el nivel global que nuestra sociedad demanda.

En consonancia con el informe emitido con ocasión de la entrevista que mantuvimos en su día (marzo 1998) con su predecesor en el cargo, Exmo. Sr. D. J. M. Romay Becaría, le presentamos una síntesis de la perspectiva con la que vemos desde la AEN-Profesionales de Salud Mental la situación actual de la atención a la salud mental en España:

Mantenemos, como entonces, que uno de los logros más importantes es la integración  de la atención psiquiátrica y de la salud mental en el Sistema Nacional de Salud. Su efecto principal es el reconocimiento del derecho de  los pacientes, por su condición de ciudadanos, a acceder a los servicios de salud mental de carácter público, universal y gratuito. Y mantenemos también, como entonces, la opinión de que otro de los aspectos más significativos de los cambios producidos es la emergencia de una nueva cultura asistencial, caracterizada por el desplazamiento del centro de la atención desde el hospital psiquiátrico/manicomio a la comunidad.

La experiencia de estos años demuestra que allí donde se han desarrollado redes asistenciales – que incluyen desde los programas ambulatorios en los centros de salud mental, hasta programas de hospitalización, total o parcial, programas de rehabilitación o de apoyo comunitario, por citar algunos de los más significativos – la evolución clínica de los pacientes, y la calidad de vida propia y de los familiares, es muchísimo mejor que cuando eran atendidos en las antiguas instituciones.

Ante esta evidencia, la lentitud de los cambios, o el estancamiento en que se encuentra el desarrollo de servicios de salud mental en muchas áreas sanitarias, resulta absolutamente inadmisible.

También en el mencionado informe de 1998 señalábamos como los más significativos, entre los problemas, insuficiencias y cuestiones pendientes, los siguientes aspectos, que siguen hoy en día teniendo la misma actualidad:

a)  La gran desigualdad en el desarrollo y calidad de servicios  de salud mental entre comunidades autónomas, e incluso entre áreas sanitarias de una misma comunidad o de una misma provincia.

b) La gran precariedad en el desarrollo de redes de cuidados intermedios, especialmente en cuanto se refiere a las alternativas residenciales y laborales para pacientes mentales crónicos con cierto grado de discapacidad o de minusvalía.

c) La dotación, también muy precaria, de programas de salud mental para niños y adolescentes – tanto en cuanto a dispositivos ambulatorios como a hospitales de día o a posibilidades de tratamiento hospitalario de los casos que lo requieren. La puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor que cuenta con recursos insuficientes, pensamos que vendrá a mostrar aun más estas insuficiencias.

d) Respuesta asistencial inadecuada, salvo excepciones, a los pacientes que padecen simultáneamente trastornos mentales y dependencia a sustancias. E inadecuada respuesta asistencial también para los problemas psicogeríatricos, cada vez más prevalentes.

e) Otro grupo poblacional que padece los efectos de la insuficiencia de la red asistencial es el de los pacientes psiquiátricos en las prisiones, cuya recuperación e inserción social  está enormemente dificultada por diversos factores; entre otros, también por factores derivados de mala organización asistencial. La escisión entre la red sanitaria penitenciaria y la de la población general hace muy difícil mantener la continuidad de cuidados.

Hoy persisten,  si cabe con más intensidad que hace dos años, los riesgos de exclusión social para muchos pacientes graves, para quienes no se hace efectivo el derecho a la vivienda ni al trabajo. También persiste la sobrecarga (emocional y material) que significa para muchas familias el cuidado de su familiar enfermo, sin apenas opciones de atención domiciliaria. Y, también hoy con más intensidad que hace dos años, los servicios de salud mental se muestran insuficientes para responder adecuadamente a las necesidades que demanda la población (las necesidades de atención a problemas de salud mental en nuestra sociedad mercantilizada, competitiva y poco solidaria, están creciendo más deprisa que la capacidad de los servicios públicos para responder adecuadamente a las mismas). El resultado es que los pacientes con menos recursos (económicos y psicosociales) corren el riesgo de no ser atendidos, de cronificación, o de pasar a engrosar las bolsas de marginación o de franca exclusión, de las que les resultará prácticamente imposible salir.

2) La formación especializada

En cuanto a los programas de formación de especialistas, reconocemos el importante paso dado al poner en marcha los programas de formación de “Enfermería de Salud Mental”, si bien las plazas actualmente disponibles son muy escasas.

En cuanto a los programas MIR de psiquiatría, y PIR de Psicología Clínica, los problemas principales tienen que ver, por una parte con las dificultades de muchas unidades docentes acreditadas para cumplir adecuadamente las responsabilidades formativas (escasa disponibilidad de tiempo para la supervisión de los residentes, y escasa formación en el área de las intervenciones psicosociales y en el trabajo comunitario, quedando buena parte de la formación teórica a expensas de las iniciativas de la industria farmacéutica). A esto se suma la precariedad de la estructura docente en cuanto al funcionamiento de las Comisiones de Docencia y Comisiones Asesoras, estas ultimas prácticamente inexistentes. Por otra parte, la figura y la función de los tutores apenas está reconocida, de modo que se mantiene a expensas del voluntarismo de éstos. Es éste un problema generalizado, que afecta a todas las especialidades. Es necesario reforzar esa figura e incentivar sus funciones.

3) El reconocimiento de experiencia y especialidad.

Queremos señalar las dificultades que afectan actualmente a los psicólogos en cuanto al reconocimiento de la especialidad de Psicología Clínica:  A pesar de la publicación del Decreto de la Especialidad en Psicología Clínica en 1998, la tramitación de la Orden Ministerial que establece los procedimientos de aplicación de las disposiciones transitorias y que comenzó en marzo de 1999 sigue sin estar  concluido y su marcha es muy lenta. Esto supone en la practica la imposibilidad de regular la situación de todos los psicólogos tanto de los Servicios de Salud de las Comunidades como de los que están en Insalud, con el consiguiente perjuicio tanto económico como profesional (imposibilidad de presentarse a oposiciones y no reconocimiento de su estatus como facultativos especialistas). A esto se suma la no clarificación, al menos de momento, por parte del Ministerio de la incorporación de la Comisión Nacional de la Especialidad en Psicología Clínica al Consejo Nacional de Especialidades como el resto de las Comisiones Nacionales.

Del mismo modo los profesionales de enfermería de salud mental tampoco tienen acceso (excepto la reducida vía EIR) al reconocimiento de su experiencia en la especialidad.

Ante los problemas señalados, y sabiendo que una buena parte de la responsabilidad de los asuntos de la salud está transferida, o en trance de ser transferida a las comunidades autónomas, desde la AEN instamos al Ministerio de Sanidad y Consumo a que asuma de forma decidida la responsabilidad que le corresponde en materia de salud mental, de modo que a través del Consejo Interterritorial o de las instituciones competentes se comprometa a definir objetivos y prioridades, y garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a las prestaciones reconocidas por la Ley, con el nivel adecuado de calidad. Y ya que para responder a las necesidades de los pacientes es necesario coordinar actividades de varios departamentos ministeriales, le instamos a que establezca los acuerdo oportunos con aquellos departamentos que deban estar implicados (del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Justicia, y de cuantos otros pudieran corresponder).  

Hoy reiteramos la necesidad de que se considere de nuevo esa propuesta y que se convoque sin dilación a la Comisión de Seguimiento de la Reforma Psiquiátrica, actualmente inactiva desde hace años, para responder a la necesidad imperiosa de evitar el estancamiento, cuando no el deterioro de los servicios de salud mental, y de la salud mental de los ciudadanos.